¿Hubo golpe de Estado en Honduras?

¿Hubo golpe de Estado en Honduras?

Varios analistas opinan sobre los sucesos en el país centroamericano

Johan Rivas

La Organización de Estados Americanos, los países miembros del Alba y otros de la comunidad internacional han condenado lo que todos ellos denominan “golpe de Estado en Honduras”. Sin embargo, es pertinente indagar en este juicio, porque no todos comparten esta visión

¿Lo sucedido en Honduras fue o no un golpe de Estado? La comunidad internacional, segura de que sí lo fue, ha condenado esa acción y la intervención del Ejército hondureño para defenestrar de su cargo al presidente Manuel Zelaya. Como resultado, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha separado a Honduras de ese mismo organismo, tal como hizo con Cuba hace 47 años.

Si revisamos la historia de las naciones latinoamericanas, se verá que luego de lograr su independencia, fueron cayendo, por diferentes razones y en distintos momentos, en dictaduras militares, muchas de las cuales actuaron según los parámetros del crimen, como la de Augusto Pinochet en Chile, por ejemplo. Es probable que debido a este tipo de ejercicios totalitarios, los pueblos latinoamericanos hayan elaborado la idea de que toda acción militar para obtener variaciones en el liderazgo de una nación sea vista —aunque parezca estar justificada— como un intento de dictadura y un atentado contra la democracia.

A partir de las acciones militares ejercidas en contra de Manuel Zelaya, varios analistas, partiendo de buenas bases, han calificado de “golpe de Estado” la acción tomada por el Congreso de Honduras y siguen reconociendo al personaje destituido como Presidente constitucional de esa nación. Sin embargo, para ser justos habría que ver el conflicto desde las dos ópticas opuestas: aquella que plantea que hubo golpe de Estado y la que supone que la medida no constituye ninguna violación a la Constitución, sino todo lo contrario.

Miguel Ángel Bastenier, analista político del diario español El País, señala el 29 de junio en un diálogo por Internet con los lectores: “El único presidente de Honduras es Manuel Zelaya. Todo lo demás es una farsa”. Por su parte, el director y analista del diario caraqueño Tal Cual, Teodoro Petkoff, establece en su editorial del 29 de junio varios puntos bastante pertinentes en torno al golpe de Estado en Honduras. En su texto califica de “incomprensible e injustificable, incluso innecesario” el golpe, debido a la impopularidad del Presidente entre la población y en el Partido Liberal. Por esta razón, considera que “se podía encontrar, sin mayores dificultades, una salida dentro del marco constitucional”.

Para seguir abonando a su tesis, Petkoff indica que el Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Electoral, la Procuraduría y la Fiscalía de la República habían expresado una opinión contraria al propósito de Zelaya de proponer una reforma constitucional. “Amén de todo esto —puntualiza—, existía también un masivo rechazo popular para su proposición, como lo demostraban las caudalosas manifestaciones en contra”. Debido a esto, el director periodístico considera: “No se puede decir que Zelaya hubiera avasallado a los poderes públicos; los tenía todos en contra, tan legítimos y legales como él desde el punto de vista de su elección y/o designación”.

Otra opinión se suma al tema y es la de Joaquín Villalobos, salvadoreño, ex  guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y actual consultor para la resolución de conflictos internacionales. De acuerdo con su visión, plasmada en su artículo “De nuevo las repúblicas bananeras”, publicado el 30 de junio en el diario español El País, hay que rechazar el golpe. Pero su discurso ofrece más que un simple rechazo y entra a cuestionar las posiciones de los países que han venido siendo aliados del Presidente venezolano y a los cuales el propio Petkoff ha llamado en distintas oportunidades el grupo de los “tírame algo”, puesto que es obvio que se nutren de la chequera venezolana. Así, Villalobos precisa que “la comunidad internacional debe tener en cuenta que las políticas autoritarias en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se han convertido en una seria provocación para las fuerzas conservadoras y centristas de toda la región. Las expropiaciones de empresas, los cierres de medios de comunicación, la intimidación callejera, las arbitrariedades judiciales, las reelecciones perpetuas y los fraudes son como golpes de Estado graduales”.

Tomando en cuenta estos dos escenarios, es indudablemente reprochable el uso de la fuerza militar para una situación que pudo haber sido resuelta sin ella, pero también es criticable esa tendencia a la reelección que parece que busca convertirse en un método recurrente en América Latina, con la finalidad de permanecer un buen número de años en el poder. Al parecer este era el objetivo que cocinaba Manuel Zelaya. No obstante, esas ideas que el hoy ex mandatario pretendía imponer violaban la Constitución hondureña. Visto de esta manera, aquí no hay uno, sino dos males que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este conflicto.

En efecto, los opositores de Manuel Zelaya esgrimen el argumento de que la intervención militar está justificada por la misma Constitución de Honduras. Para evidenciarlo citan varios artículos, entre ellos el 3, que dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones (…) por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen (…). El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”. A su vez, el artículo 4 reza: “(…) La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. Otro de los citados es el artículo 373, que indica: “La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros”. Punto de apoyo para el argumento también es el artículo 374, que prescribe: “No podrán reformarse, en ningún caso (…) los artículos constitucionales que se refieren (…) a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República”.

Según acusa la oposición hondureña, todos estos artículos constitucionales fueron violados por Manuel Zelaya durante su mandato presidencial y esto desató la crisis política en la que está inmersa Honduras en la actualidad.

Esta posición encuentra eco en Margarita Montes, politóloga adscrita al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, de Costa Rica, quien señala, en su artículo “Honduras rompe paradigmas en América Latina”, que lo ocurrido en ese país “no se puede catalogar como un Golpe de Estado, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho”. Y aclara que la acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial “y su propósito fue establecer el Imperio de la Ley, el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo” (www.lahondurasposible.blogspot.com).

La experta no tiene dudas cuando dice que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó un precedente que pasará a ser un caso de estudio en universidades y entre diplomáticos y políticos alrededor del mundo. “Por primera vez en Latinoamérica —relata— el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones y legalidades vigentes en el país”.

Para Margarita Montes estamos ante una situación novedosa, y considera que analistas y medios alrededor del mundo no han podido entender el contexto y esencia de esta acción porque el análisis que realizan se basa en el antiguo paradigma de los golpes de Estado durante la época de la Guerra Fría. Como complemento a estas ideas indica que “la comunidad internacional no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse de que en Honduras se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris”.

Estas son las dos posturas resaltantes en un conflicto que ha encendido  el territorio latinoamericano. Más allá del cuestionamiento que le ha hecho la comunidad internacional al llamado Gobierno de facto de Honduras, es necesario destacar que este se ha mantenido en pie y que persiste en su objetivo de realizar elecciones en noviembre y dejar completamente de lado a Manuel Zelaya, quien, a juzgar por los últimos sucesos, no tiene poder real para lograr retomar su cargo. Por supuesto, en toda esta situación no debemos pasar por alto el papel de los países que muestran su apoyo al Presidente destituido, pues ellos son determinantes a la hora de avivar o disminuir el conflicto que vive Honduras por los sucesos del domingo 28 de junio.